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El fin es redistribuir las tierras

La nueva propuesta plantea que la propiedad debe cumplir una función social y ambiental; empero no existen definiciones claras. Se determinaron siete formas de propiedad. También que habrá expropiaciones, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, norma que ha creado varias interpretaciones y temores. Por otro lado, se deja entrever que habrá una redistribución de tierras con el fin de garantizar la soberanía alimentaria y frenar la expansión de la frontera agrícola de los cultivos agroexportables. Lo novedoso de este planteamiento es la creación de un fondo nacional de tierra, a través del cual se facilitará el acceso a los pequeños y medianos productores. También se reconoce la propiedad intelectual, se garantiza la igualdad de derechos para las mujeres como lo tienen los hombres en el acceso a la tierra. Adicionalmente, se prohíbe el latifundio y la concentración de tierras en el país.

La redistribución de tierras a quienes no las tienen es la filosofía fundamental que se impulsa en la propuesta sobre el régimen de propiedad, aprobada por la Asamblea Constituyente.

En el país, sí hay tierras para comprar, en especial en la Sierra.
Manuel Chiriboga
Investigador del Rimisp

Eso opina Manuel Chiriboga, investigador principal del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp). El analista, como otros consultados por este Diario, creen que no habrá una apropiación de la propiedad. “En la nueva Constitución se dispone que no se puede confiscar”, enfatiza Chiriboga.

Empero, su poca claridad genera varias interpretaciones y dudas de si se reconoce y se garantiza el derecho a la propiedad en el proyecto.

Los conceptos que generan más temor son la de la función social que debe cumplir la propiedad y la expropiación, pese a que estos no son nuevos, porque han estado en las Constituciones anteriores y en la actual.

Debido a su poca especifidad, la función social es asumida desde distintos puntos de vista. Chiriboga considera que esa función está asociada con el uso del suelo, es decir, que esas tierras generen producción, empleo, alimentos que necesita el país, que no haya prácticas abusivas sobre los consumidores y no se formen monopolios.

El ex asambleísta Pedro de la Cruz acota que función social también es el pago de impuestos, respeto a los trabajadores, que no haya explotación y que sea una producción amigable con el ambiente. Precisamente, Chiriboga destaca que lo novedoso de la propuesta es que se haya establecido una función ambiental. Eso es importante, dice, porque se prioriza la necesidad de preservar los nutrientes del suelo, de conservar los bosques y la naturaleza y de hacer una producción que no contamine.

No se está contra la propiedad, pero debe tener función social.
Pedro Morales
Ex asambleísta de Nuevo País

La expropiación es otro punto controversial. Para el ex asambleísta Pablo Lucio Paredes, esto preocupa, porque se dice que se puede dar en función de las necesidades de los planes de desarrollo social, ambiental y de interés colectivo. “Eso deja ciertas dudas sobre la expropiación”.

Además, cree que con esa normativa van a ocurrir tres fenómenos. Uno, en las zonas rurales va a haber presiones para la redistribución de tierras, sea por el Gobierno o por organizaciones políticas. “Se van a considerar con derecho a empujar la toma de tierras”. Dos, el Gobierno puede convertirla en una herramienta de poder para mantener bajo control a sus adversarios políticos y económicos. Y tres, puede darse el caso de que se empuje a los trabajadores a apropiarse de las empresas que estén en dificultades.

Por su parte, el ex asambleísta Jorge Fadul aporta que la expropiación se hará en función del interés colectivo, que no necesariamente emanará del Estado sino de gente interesada. “Eso representa una amenaza, porque el interés puede venir de un grupo, comunidad o asociación”.

El investigador de Rimisp deja claro que en ninguna parte de la propuesta se plantea una reforma agraria. “Solo dice que se normará el uso y el acceso a la tierra”.

Lo que sí contempla la reforma es la creación del Fondo Nacional de Tierras, organismo a través del cual se entregarán tierras. Aunque de esto tampoco se tienen certezas de cómo y quiénes se conformará. “Uno podría pensar que el Estado comprará las tierras y luego las repartirá a través del Fondo”.

Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari, sostiene que los indígenas van a luchar para que el planteamiento se traduzca en una reforma agraria, pero que no sea como las de 1964 y 1974, que solo significaron repartición de tierras; es decir, que vaya acompañada de agua, riego, crédito, infraestructura y otros apoyos.

A su criterio, la redistribución se debe llevar bajo un estudio y parámetros definidos para que no confisque ni se quiten tierras. “Hay que ver qué tierras sirven para fomentar el trabajo y la producción, para garantizar la soberanía alimentaria”.

Según él, en este momento hay tierras abandonadas que no están produciendo. Chiriboga también dice que sí hay tierras para comprar, en especial en la Sierra. “La misma migración se ha convertido en un mecanismo de redistribución, aunque esto ha encarecido la tierra. Propiedades grandes se han vendido a los migrantes, sobretodo en Alausí (Chimborazo), Azuay, Loja y Cañar”, dice Chiriboga.

Cholango aclara que no están en contra de la agricultura de exportación, pero dice que se debe regular para que no haya más plantaciones de banano, flores y otros productos, y así evitar que se sigan expandiendo.

Chiriboga también manifiesta que el Estado debe ser más fuerte para impedir el proceso de expansión de cultivos sobre resguardos indígenas, patrimonios forestales, nacionales y parques. “Sí creo que ha habido mucho abuso y el Estado debe ser mucho más duro y regulador”.

Con respecto a la prohibición del latifundio y la concentración de la tierra, esta norma no es nueva, pues está vigente en la Constitución actual. Sin embargo, tampoco se ha definido qué es un latifundio en el país.

¿Qué significa?

Según Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador (Sipae) la propuesta de la Asamblea sobre la propiedad no representa ningún avance con respecto a la actual Constitución. “Es poco significativa, más aún si se considera que el problema de la inequidad y la exclusión en el acceso a la propiedad agraria ha tenido una tendencia a agudizarse”, indica el Sipae.

Para el ex asambleísta Pablo Lucio Paredes, hay una mala interpretación de la propiedad. “Se parte de que la propiedad es algo fijo. Como es así, hay que quitarle a uno para darle al otro que no tiene”.

Por eso, él cree que se puede generar más riqueza a través de la ampliación de la propiedad, como el accionariado de las empresas públicas, el estímulo a la vivienda, a la generación de nuevas empresas pequeñas. “Esa es la manera de generar propiedad”.

La propuesta también reconoce a la propiedad intelectual, la cual deberá estar explicada en una ley sobre cómo se lo hará. Por eso, se prohíbe toda forma de apropiación de los conocimientos colectivos, como en la ciencia, tecnología y saberes ancestrales.

Asimismo, se contempla que las mujeres que trabajan en el campo tendrán igualdad de derechos y acceso a la propiedad como los hombres. Actualmente, y según la Constitución vigente, solo los esposos pueden ser dueños de las tierras y son sujetos de crédito para la producción.

¿Qué implica?

Si la nueva Constitución se aprueba en el referendum, habrá una redistribución de tierras para los pequeños y medianos campesinos, a través de la creación del Fondo Nacional de Tierras.

Para ello, se deberá aprobar la ley para estipular los mecanismos sobre cómo se aplicará en la práctica.

El ex asambleísta Pedro Morales dice que en el país habrá una nueva categorización de las formas de la tierra: pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta.

Para Manuel Chiriboga, investigador principal del Centro del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, esa división genera confusión, pues para él existen tres: estatales, privadas y comunitarias. Él considera importante que se conserve la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que consta en el capítulo de los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Eso implica que esas tierras no serán sujetos de garantía de préstamos o deudas. Ahora, ante eso, se tiene que desarrollar políticas de crédito e innovaciones legales para que los posesionarios no sean marginados. Por ejemplo, dice que una garantía puede ser la misma producción, ganado y otros bienes. De lo contrario, ese tipo de protección va terminar excluyendo a los indígenas de acceso a bienes, insumos y crédito. “Eso pasa ahora y si no hay cambios se terminará protegiendo a la pobreza”.

El régimen de la propiedad en el proyecto

Art. 282
El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas de la tierra.

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así cómo el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.

Art. 321 El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y deberá cumplir su función social y ambiental.

Art. 322 Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.

Art. 323 Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.

Art. 324 El Estado garantizará la igualdad de derechos de y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal.

El régimen de la propiedad en la Constitución de 1998

Art. 30
La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía. Deberá procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo. Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos previstos en la Ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes.

Art. 31 El Estado estimulará la propiedad y la gestión de los trabajadores en las empresas, por medio de la transferencia de acciones o participaciones a favor de aquellos. El porcentaje de utilidad de las empresas que corresponda a los trabajadores, será pagado en dinero o en acciones o participaciones, de conformidad con la ley. Esta establecerá los resguardos necesarios para que las utilidades beneficien permanentemente al trabajador y a su familia.

- [Fuente Original]

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